Los días 1 y 18 de setiembre las organizaciones de la sociedad civil nucleadas en la Red de Gobierno Abierto, junto con representantes de la academia y representantes de diversos organismos del Estado nos reunimos en una nueva instancia de dialogo en el marco de los compromisos asumidos en el Segundo Plan de Acción – Gobierno Abierto. En esta oportunidad el foco fue para trabajar compromisos en materia de anticorrupción y rendición de cuentas.
El trabajo de la Red en materia de Transparencia Anticorrupción y Rendición de cuentas es producto de un proceso incremental, cimentado en el trabajo y compromiso de varias organizaciones durante años previos a la instancia de gobierno abierto. Sin dudas el trabajo de los compañeros de Uruguay Transparente resultó capital para la elaboración de la agenda de temas a tratar.
Las propuestas planteadas por la Red de Gobierno Abierto en estas instancias- aunque críticas-, tuvieron la intención a contribuir constructivamente en la adopción de mecanismos y buenas prácticas para luchar contra la corrupción y asegurar una adecuada rendición de cuentas.
En este sentido, resultó central abogar por la mejora de los mecanismos para la transparencia de la gestión estatal haciendo posible, por ejemplo, que la ciudadanía acceda a información respecto de la actuación de sus representantes en el Parlamento a través de la adopción de los principios de Transparencia Legislativa . Asimismo, planteamos que resulta central profundizar el esfuerzo en la adopción de estándares internacionales en los procesos de compras y contrataciones del Estado y que resulta impostergable la disponibilización de la información sobre la planificación y ejecución del presupuesto nacional en formato estandarizado y abierto, enfatizando la necesidad de que estos datos sean presentados a la ciudadanía de forma clara y exhaustiva.
Otro de los ejes centrales de la agenda propuesta por Sociedad Civil tuvo que ver con el Financiamiento de los Partidos políticos y sus campañas, pues consideramos que la información recabada por la Corte Electoral de acuerdo a la competencia que le asignó la ley 18.485 debe ser estandarizada y publicada en formato de datos abiertos de manera que se garantice el fácil acceso y la disponibilidad a la ciudadanía. También la sociedad civil planteó la necesidad de avanzar hacia reformas de fondo en este sentido, que aseguren un régimen transparente de financiación de la actividad pública.
Por otra parte, la sociedad civil también planteo una serie importante de mejoras normativas en materia de legislación anticorrupción. Se hizo hincapié en la necesidad de avanzar en materia de disponibilización de las declaraciones juradas de los gobernantes y en especificar nuevos tipos delictivos.
En estas instancias Sociedad Civil no sólo ofreció su visión y problematización de estos asuntos, sino que puso su capital humano y experiencia a disposición de sus interlocutores.
La dinámica horizontal y propositiva de estas reuniones nos confirma que una nueva forma de relacionamiento entre el Estado y la Sociedad Civil es posible, y nos alienta a continuar trabajando – e instar a nuevas organizaciones a sumarse a la Red- para colaborar en procesos de mayor participación e incidencia de diversas voces en la gestión de las políticas públicas de cara al Tercer Plan de Acción que se pondrá en marcha a mediados de 2016. En el próximo plan, la sociedad civil espera contar con un espacio institucionalizado que asegure que los procesos y compromisos puedan ser sostenidos en el tiempo.
