Las organizaciones que suscriben manifestamos nuestra satisfacción frente al debate y propuestas que legisladores de distintos partidos han puesto a consideración de la ciudadanía sobre las declaraciones patrimoniales de quienes ocupan cargos relevantes en la esfera pública. Este es un necesario debate que quienes integramos esta Red hemos promovido en distintos ámbitos sean parlamentarios, técnicos o sociales. Más necesaria es una acción decidida y eficaz por parte del sistema político para evitar penosas situaciones que hoy se viven en nuestra región. Manifestamos:
- Que las declaraciones patrimoniales de quienes ocupen cargos de poder en los distintos ámbitos del Estado deben ser públicas. En particular, señalamos que deben incluirse a las máximas autoridades de los tres poderes del Estado (Presidente y Vicepresidente, integrantes de la Suprema Corte de Justicia, senadores y diputados), ministros, directores de entes autónomos y organismos descentralizados, cargos de confianza y ordenadores de gastos.
- Que debe existir un auténtico control por parte de los organismos pertinentes de todas las declaraciones juradas. Que esto requiere además de reformas institucionales, recursos para poder realizar esta gestión.
- Que es saludable encuadrar el fenómeno de la corrupción, considerando también el rol del sector privado. No existe corrupción en el sector público sin actores del sector privado que la promuevan o la consientan.
- Consecuentemente es saludable considerar nuevos requerimientos de transparencia para quienes contratan con el Estado o reciben dinero público.
- También es necesario que esta información se encuentre en formatos abiertos, para que la ciudadanía, los medios y las organizaciones de la sociedad civil puedan realizar un contralor efectivo, reconociendo a quienes cumplen, y señalando a quienes no lo hacen.
- Que este primer paso debe ser acompañado por reformas legales mejorando instrumentos existentes como la ley de acceso a la información pública, la contratación de organismos del sector público, así como la regulación de la asignación de la publicidad oficial y el perfeccionamiento de la legislación sobre financiamiento de los partidos políticos. Sobre varios de estos aspectos las organizaciones firmantes hemos venido realizado propuestas concretas en el marco de las mesas de diálogo Estado – Sociedad Civil que se han desarrollando en 2015 y 2016 como parte del Proceso de Gobierno Abierto en Uruguay. Entendemos que los asuntos vinculados a la transparencia y la lucha contra la corrupción deben ser debatidos procurando generar la mayor participación social posible. Identificamos en el Proceso de Gobierno Abierto una oportunidad para que el Parlamento en su conjunto se involucre habilitando nuevos mecanismos de participación social sobre todos estos asuntos.
- Que el Estado uruguayo debe aprovechar esta discusión para cumplir con los estándares internacionales en materia de lucha contra la corrupción, así como liderar en la fijación de nuevos estándares.
Lo anteriormente manifestado no implica desconocer la intimidad al que todas las personas tienen derecho en nuestro país. Muy por el contrario, implica reconocer que quienes son electos por la ciudadanía y tienen poder de decisión respecto a los dineros públicos, tienen más poder en una sociedad y deben estar sometidos a mayor escrutinio de la ciudadanía. Reclamar mayor transparencia y luchar contra la corrupción es promover una mayor confianza en nuestro sistema político y nuestras instituciones. Damos la bienvenida a estos debates y esperamos existan instancias de participación para que sistema político, gobierno y sociedad puedan construir reformas ambiciosas y sostenibles, para una mejor democracia.
Red de Gobierno Abierto
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