La reciente Cumbre de la Alianza para el Gobierno Abierto nos ha confirmado algunas cosas sobre el proceso uruguayo. Primero, que tal como lo documenta este informe de Aranzú Guillian, este proceso ha sido un tanto “único”. De un inicio poco participativo, hasta el presente de diálogo e intentos de co-construcción del plan, ha pasado agua debajo del puente. Ha habido un aprendizaje compartido tanto del gobierno como de la sociedad civil.

Sin este proceso en Uruguay, no existiría un marco para las políticas de datos abiertos, posiblemente no se hubiera impulsado un diálogo serio sobre la reforma de la ley acceso a la información pública y no se hubieran generado sinergias claves para desarrollar iniciativas como ATuServicio.uy. Sin este proceso, en Uruguay todavía los organismos públicos entenderían (sin mucha resistencia) que gobierno electrónico equivale a gobierno abierto. También a este proceso le han quedado cosas en el “debe” como el cumplimiento de metas y algunos compromisos poco claros. En resumen el proceso ha dado resultados iniciales interesantes. También este proceso, se ha hecho muy “a la uruguaya”, con pocos recursos, mucha pasión y buena voluntad entre las partes.

Si bien en el contexto internacional el proceso uruguayo es uno de los que aparece más consolidados, su situación presenta desafíos y es relativamente frágil. Estos desafíos -de cara a la elaboración del tercer plan de gobierno abierto- pueden resumirse en aspectos vinculados a participación, ambición e institucionalidad de este proceso en Uruguay.

En materia de participación el proceso uruguayo ha tenido la virtud de avanzar en la creación de la Red de Gobierno Abierto (RGA). La red ha reunido un conjunto diverso de actores, que han participado en distintas instancias de la elaboración del plan. Gracias al generoso apoyo de Hivos, miembros de la Red han tenido un tiempo para reflexionar estratégicamente sobre cómo sus distintos enfoques pueden aportar a un gobierno más abierto. Aún así faltan más voces en este proceso, notoriamente de aquellas minorías excluidas y de la sociedad civil no profesionalizada. Es un desafío contar con recursos y voluntad para llegar a más colectivos y personas que puedan aportar a los proceso de gobierno abierto. Por otro lado, un desafío que aún queda en el Uruguay es incluir a otros ámbitos como el Poder Legislativo, el Poder Judicial y a los gobiernos departamentales en este proceso. Este es un desafío compartido para el gobierno y la sociedad civil en Uruguay.

En materia de ambición algunos de los compromisos del segundo plan de acción en Uruguay fueron bastante positivos. Pero otros fueron casos notorios de re-elaboración de planes vinculados a las agendas digitales o planes previos vinculados a gobierno electrónico. Para los organismos públicos es naturalmente tentador incluir en iniciativas internacionales cosas que ya han elaborado y decidido por sí y ante sí, pero esto tiene un costo; que todos y todas nos damos cuenta cuando lo hacen. Y que ésto naturalmente conspira contra aquellos organismos que se toman en serio la tarea de generar compromisos claros, mensurables y al menos consultados con la sociedad civil. En el contexto uruguayo uno esperaría que la tentación natural de los organismos disminuya ante la madurez de actores en el gobierno y la sociedad civil vienen demostrando sobre este punto. Y también uno esperaría ver mayores compromisos auténticamente co-creados entre gobierno y sociedad civil.

En materia de institucionalidad es donde los mayores desafíos residen. Este proceso ha funcionado de una manera multi-actor (multi-stakeholder) donde han primado tres reglas clave: la transparencia del proceso, el diálogo y el avance por consenso. La transparencia ha sido clave para asegurar a las partes un correcto desarrollo y rendición de cuentas. La perspectiva multi-actor ha sido clave para asegurar diversidad de ideas en torno a la mesa. Y el avance por consenso, particularmente en los compromisos a incluir, ha significado una participación más activa por parte de la sociedad civil y un compromiso inicial por parte del gobierno a una nueva lógica de trabajo. Es necesario que este mecanismo se consolide con reglas claras, que formalicen el proceso y vayan más allá de una resolución administrativa del organismo que ha oficiado de coordinador del proceso de gobierno abierto en Uruguay. Los mecanismos jurídicos disponibles pueden ser discutidos pero es bastante importante avanzar en estas reglas de juego antes de adoptar los compromisos en el tercer plan de acción.

El proceso de gobierno abierto dista de ser perfecto, pero a la fecha es una oportunidad legítima de incidencia, co-creación y co-producción de políticas y servicios públicos. Es tiempo de llevar la discusión y acción a un siguiente nivel de madurez. El hecho que Uruguay sea el próximo anfitrión de la Cumbre Regional sobre Gobierno Abierto presenta una oportunidad única en este sentido.

 

Este post representa la opinión de Fabrizio Scrollini, presidente de DATA Uruguay. No se trata de un comunicado conjunto de la Red de Gobierno Abierto.